06 de Octubre de 2020
Noticia

La ruralidad en pandemia

Una encuesta con referentes locales de todo el país puso de manifiesto el impacto de la pandemia en la vida cotidiana rural. El estudio reveló las dificultades que genera el acceso limitado a las nuevas tecnologías (TIC) en contexto de aislamiento y la necesidad de fortalecer el trabajo con los municipios y otras instituciones de proximidad durante la emergencia. También se detectó una oportunidad para iniciar proyectos enmarcados en la producción rural de alimentos de calidad.

Compartir
+A -A

La declaración de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, con foco en la política de prevención basada en el aislamiento obligatorio, ha sido analizada desde diversas aristas, aunque principalmente desde una perspectiva urbana. En tanto, los estudios a corto plazo, relacionados con el sector rural, se han centrado principalmente en las dificultades y/u oportunidades de la denominada ‘cuarentena’ sobre las estrategias de comercialización y logística de alimentos frescos de las zonas rurales y periurbanas a los centros urbanos (grandes urbes).

Poco se sabe sobre las problemáticas que afectan la cotidianeidad de quienes viven en las localidades pequeñas y las comunidades de poblaciones dispersas en Argentina.

Desde el Proyecto Estructural “Estrategias y prácticas innovadoras para el arraigo de las familias agropecuarias y la integración de jóvenes rurales” del INTA, se realizó un relevamiento con el objetivo de conocer cómo transitan las familias rurales el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). El principal objetivo de la iniciativa fue obtener una ‘fotografía’ de los diversos territorios y de la situación de las familias de la Agricultura Familiar desde la mirada de referentes locales, para poder luego considerar propuestas de trabajo e intervención.

Con el objetivo de conocer estas realidades, desde el equipo de gestión y con colaboración de otros referentes de la institución, se diseñó una encuesta para recabar información en distintas localidades pequeñas y comunidades aisladas del país.

La información se relevó en el mes de junio, aprovechando la presencia institucional de gran alcance federal y se logró una amplia cobertura -todas las provincias del país con excepción de Tierra del Fuego: se obtuvieron 786 respuestas de más de 450 localidades.

Los/as informantes fueron referentes locales con amplio conocimiento de las localidades, pertenecientes al sistema productivo, educativo, de la salud, representantes de ONG, sociedades de fomento y líderes/as comunitarios/as, entre otros.

Se abordaron aspectos vinculados con la presencia de contagios; la gestión de la pandemia y acatamiento del aislamiento social; el acceso a la salud, los alimentos y otros bienes de primera necesidad; el acceso a la educación; el impacto del ASPO en actividades económicas, productivas y comerciales; así como su repercusión en el empleo; la afectación en los ingresos familiares y el acceso a la asistencia económica; los vínculos familiares y sociocomunitarios entre otros. Se indagó en las percepciones, sensaciones o reflexiones de las personas entrevistadas sobre el ASPO y la ruralidad.

Profundidad estructural

La encuesta, en términos generales, puso sobre relieve una profundización de problemáticas estructurales e históricas, asociadas con accesos dificultosos y deficiente infraestructura comunicacional y de base. Se resaltan los problemas derivados de la marginalidad de algunos territorios y sectores productivos, así como los obstáculos para acceder al sistema de salud, financiero y educativo, la falta de trabajos y empleos formales, la migración de jóvenes, entre otros.

Dos temas transversales han recorrido gran parte de las reflexiones emergentes. Por un lado, la limitación que supone acceder o no a las nuevas tecnologías (TIC). “Este acceso constituye -en la actualidad- la posibilidad de hacer efectivos muchos otros derechos: educarse, peticionar o informarse, acceder a beneficios o políticas de asistencia, por lo cual es esencial poder garantizar su acceso”, señala la coordinadora del proyecto Laura Alcoba. Los principales inconvenientes asociados con el acceso a las políticas públicas de emergencia -por ejemplo, al IFE-, hacen referencia precisamente a problemas de conectividad -inexistente o deficiente-; o bien al desconocimiento del manejo de los equipos y las aplicaciones para realizar los trámites. En cuanto a las actividades escolares, constituye la variable de ajuste entre acceder/no-acceder al derecho a educarse y entre facilitar/restringir la continuidad de la educación formal.

Por otro lado, el estudio mostró la necesidad de fortalecer la institucionalidad gubernamental más próxima (municipios, comisiones o delegaciones municipales). Si bien predomina una evaluación positiva de las medidas implementadas frente a la emergencia por parte de las autoridades, esa valoración decae en relación a la institucionalidad gubernamental más próxima lo que se atribuye a falta de medios y/o desconocimiento sobre propuestas, iniciativas y estrategias en la emergencia. “Esta situación, en reiteradas oportunidades se asocia a la profundización de la preexistente sensación de aislamiento o marginalidad, que suele plantearse desde los ámbitos rurales. Se advierte una desconexión entre las diferentes esferas de gobierno, donde los municipios y localidades más pequeñas quedan nuevamente excluidas”, explica Alcoba.

Un aspecto positivo puesto de manifiesto es que el ámbito rural viene sufriendo menos el impacto del virus en relación a los grandes centros urbanos, en términos de cantidad de contagios. Así mismo, se registró un significativo acatamiento de la cuarentena obligatoria frente a los controles realizados, aún donde no existía circulación viral.

En localidades intermedias y zonas rurales, preocupan las consecuencias que acarrean las desigualdades en el acceso al sistema sanitario y de salud -que ya venía siendo afectado por numerosos “recortes” presupuestarios-. Las carencias de infraestructura, equipamiento y personal ponen en mayor riesgo a dichas familias, al tiempo que difícilmente se acceda a una buena atención por otras afecciones”, afirma Belén Quiroga Mendiola, otra de las responsables del estudio. Es importante recordar en este sentido, que la mayor letalidad en relación al COVID se presenta en adultas/os mayores y la ruralidad es un ámbito que se caracteriza por tener una población envejecida en circunstancias de fuerte aislamiento (geográfico, social, comunicativo, etc.).

Resulta preocupante el acceso restringido al agua en calidad y cantidad suficientes, en las comunidades rurales del país. En este sentido, la mitad de las y los referentes consultadas/os, manifestó la existencia de familias que no tienen acceso siendo sensiblemente mayor la gravedad en las regiones NEA y NOA. “Al respecto es necesario garantizar este derecho fundamental en todos los territorios, ya que sin agua no hay vida y no hay desarrollo ni futuro posible. Y aún más, no hay posibilidades reales de implementar medidas de prevención del COVID-19 según las recomendaciones del sistema de salud”, concluyó Quiroga Mendiola.

Más allá del ánimo generalizado de malestar e incertidumbre, a partir del estudio también se vislumbran miradas optimistas, que ven este momento de coyuntura como una oportunidad y que claman por mayor cantidad de capacitaciones y proyectos productivos que apoyen las economías locales y regionales. El desarrollo de políticas públicas dirigidas al ámbito rural, que fortalezcan el desarrollo de emprendimientos socio productivos vinculados a la producción de alimentos de calidad y en cantidad suficiente, resulta fundamental en este contexto y un desafío de aquí a futuro.

La falta de entramados socioproductivos sustentables no favorece el desarrollo de los territorios y el arraigo de jóvenes rurales. Pensar estratégicamente las regiones, en pos de desarrollar políticas con innovación tecnológica, inclusivas y ecológicas, resulta imperioso a la hora de fortalecer las comunidades rurales y reducir la brecha social y económica con las grandes urbes. Cabe destacar que la presencia estatal constituye el principal eje articulador en relación a los servicios esenciales. De allí, la necesidad de mantener y fortalecer la presencia pública, generando una estatalidad más cercana e integral, equipada con tecnología, con recursos y orientaciones que fortalezcan el desarrollo y el arraigo. 

Referencias

Localización geográfica:
    • Argentina
    • Jujuy
Personas mencionadas: